La Junta General ha acogido hoy una conferencia que lleva por título "Educación, servicio público y democracia" y que ha sido impartida por Elisenda Malaret García, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona e investigadora, y Pablo Lucas Murillo de La Cueva, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y magistrado del Tribunal Supremo.

 

En su intervención de presentación del acto, organizado por "Espacio Fundamentos", el foro de reflexión promovido por el Parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo, el presidente de la Junta ha citado al Marqués de Condorcet en su obra "Cinco memorias sobre la Instrucción Pública", en 1792) para constatar que "existe actualmente un debate sobre 

la educación y el adoctrinamiento que se ha intensificado en los últimos años". "Tanto es así", ha razonado el presidente del Parlamento asturiano, "que hay muchas voces hoy día que invocan esta "radical modernidad" de Condorcet, que liga la libertad del hombre a la abstención del poder público para propiciar una neutralidad en ocasiones mal entendida".

 

El presidente de la Junta considera que "el Estado debe propiciar un sistema educativo de acuerdo con el mandato constitucional del artículo 27 de la Constitución española".  Incluso, según Juan Cofiño, "el Estado debe hacerlo en defensa propia porque no puede inhibirse en enseñar aquellos principios y actitudes que hacen posible la convivencia de todos sus miembros". 

 

"Se debe educar para transmitir conocimiento, pero indirectamente", ha propuesto, "se debe educar para proporcionar herramientas intelectuales que permitan analizar, pensar, cotejar, dialogar y, en definitiva, elegir porque, sin estas herramientas, la democracia no es más que un juego de un demagogo que, como diría el ensayista Miken, predica doctrinas que se sabe que son falsas a personas que sabe que son idiotas". "La salud de nuestro sistema democrático", ha finalizado, "requiere pensamiento crítico y ahí está la clave para distinguir entre educación y adoctrinamiento. Necesitamos una educación crítica y comprometida y los educadores deben ofrecer a los alumnos instrumentos críticos".

 

Juan Cofiño, en su intervención de presentación del acto. Foto: Nacho Vela.

 

Tras la presentación de los conferenciantes a cargo de Leonardo Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y coordinador de Espacio Fundamentos, Pablo Lucas ha citado al profesor Rafael Altamira y su preocupación por la educación cívica, de modo que "si perjudicial es hacer la enseñanza sectaria,no lo es menos la enseñanza indiferente porque tanto daño hace la enseñanza partidista como dejar al alumno completamente indefenso ante los problemas que le plantea la sociedad".

 

El profesor Pablo Lucas, durante su conferencia. Foto: Nacho Vela.

 

"La relación entre democracia y educación", según Lucas, "lleva al vínculo entre Constitución y educación por la necesidad vital de que esa educación sirva para formar ciudadanos, que la educación cumpla lo que dice el artículo 27.2".

 

Hasta dónde llega el derecho a la educación, en qué consiste la libertad de enseñanza, cuál es el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, la libertad del profesor, el ideario del centro, la financiación pública, el régimen de conciertos, la ratio profesor alumno, los símbolos en la escuela, la enseñanza diferenciada entre niños y niñas, la educación inclusiva, la de los discapacitados, "son cuestiones que han originado y originan un sinnúmero de conflictos". "Afortunadamente", ha señalado al respecto, "el Tribunal Constitucional, al resolver esos problemas, ha sentado ya criterios firmes que dibujan el marco en el que nos debemos mover".  Puso como ejemplo la introducción de la materia denominada Educación para la ciudadanía al inicio de los años 2000, "en la que alguien entendió que se adoctrinaba a los niños" y que mereció algunas sentencias judiciales del alto tribunal.

 

"La educación debe preparar a los niños y a los adolescentes para protegerse, les debe enseñar no solo a servirse de estos instrumentos como las redes sociales pero también a no dejarse dominar por ellos, porque", ha finalizado, "lo principal es el respeto a la dignidad de cada uno, la consideración de toda persona como un fin en sí mismo, los cimientos éticos del Derecho".  

 

La profesora Elisenda Malaret, por su parte, se ha referido al papel de los ilustrados como Condorcet en la instrucción pública. Asimismo ha hablado de la escuela inclusiva, señalando datos que apuntan a que "uno de los supuestos de vulnerabilidad de los menores llega en España a una cifras terribles: 2,7 millones de menores, un 28,4% están en riesgo de exclusión social, 8,8 puntos más que la media europea".

 

En su opinión, las cuestiones de vivienda impactan también en la infancia "y un niño con este problema no se puede concentrar en clase". También ocurre en la Universidad, según la profesora, "porque España no ha suministrado de manera suficiente residencias a los universitarios. Tienen que desplazarse y la distancia física supone también distancia mental".

 

La profesora Elisenda Malaret. Foto: Nacho Vela.

 

"Hemos construido los servicios públicos en la escuela al hilo de la igualdad formal, que trataba a todos los alumnos por igual cuando la diversidad es cada vez más grande y, a su juicio, "necesitamos herramientas para abordar esa diversidad". En este sentido, defiende que "inclusión es una llamada a las políticas públicas para afrontar las desigualdades de nuestro tiempo y la no discriminación".

 

La catedrática de Derecho Administrativo considera que, si nos tomamos en serio el derecho a la educación, deberemos disponer de servicios públicos y de una escuela inclusiva". 

 

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